Entra en vigor en el estado de Nueva York la denominada Ley de asistencia médica para morir

NUEVA YORK — En un hito legislativo que causa alarma en diversos sectores defensores de la vida, líderes religiosos y organizaciones de personas con discapacidad, ha entrado en vigor en el estado de Nueva York la denominada Ley de asistencia médica para morir. La normativa permite a médicos recetar dosis letales de fármacos a pacientes diagnosticados con enfermedades terminales, convirtiendo a la entidad en el decimotercer estado del país en legalizar el suicidio asistido.

La promulgación de esta medida por parte de la gobernadora Kathy Hochul ha desatado una ola de indignación y preocupación en la bancada conservadora de la Legislatura estatal y entre activistas pro-vida, quienes advierten sobre los peligros de cruzar una línea ética fundamental en el cuidado de la salud.

Un golpe a la santidad de la vida y la ética médica

Para los opositores de la norma, la ley quebranta el juramento hipocrático tradicional de “no hacer daño” y altera drásticamente la función del profesional de la medicina, pasando de ser un protector de la vida humana a un facilitador del deceso.

Críticos y líderes de la Iglesia sostienen que la respuesta ante el sufrimiento terminal no debe ser acelerar la muerte, sino garantizar un acceso universal y de alta calidad a los cuidados paliativos y el alivio del dolor.

“El verdadero valor de una sociedad se mide en cómo protege a sus miembros más débiles y vulnerables. Facilitar el suicidio bajo el sello de la medicina destruye el principio inviolable del valor inalienable de la vida humana.“

Los riesgos para las poblaciones más vulnerables

Sectores conservadores y defensores de los derechos de las personas con discapacidad expresan seria inquietud sobre los efectos que esta medida tendrá en los grupos social y económicamente desfavorecidos:

• Presión económica: En un sistema de salud con altos costos, existe el temor fundado de que pacientes de bajos recursos o ancianos sientan la “obligación” de poner fin a sus vidas para evitar convertirse en una carga financiera o emocional para sus familias.

• Erosión de las alternativas paliativas: La disponibilidad de un fármaco letal a bajo costo podría desincentivar a las aseguradoras e instituciones médicas de financiar tratamientos complejos, costosos o de cuidados contínuos.

• El peligro de la “pendiente resbaladiza”: Opositores señalan ejemplos en otras jurisdicciones internacionales donde leyes similares comenzaron con criterios estrictos y terminaron expandiéndose gradualmente para incluir afecciones crónicas, trastornos de salud mental o menores de edad.

Batalla en los tribunales y objeción de conciencia

Diversos hospicios e instituciones médicas de orientación religiosa han presentado recursos ante las cortes para proteger su libertad de conciencia y eximirse de cualquier participación directa o indirecta en este procedimiento. Argumentan que obligar a profesionales o centros de salud a colaborar contra sus convicciones morales vulnera sus derechos fundamentales garantes por la Constitución.

A medida que la ley comienza su implementación administrativa, legisladores conservadores han prometido seguir impulsando reformas para fortalecer las protecciones de los pacientes, exigir un mayor escrutinio sobre las prescripciones emitidas y salvaguardar a las instituciones que defienden la inviolabilidad de la vida.