Al menos 356 acciones represivas en Cuba en julio y operativos policiales masivos

“El clima social es irrespirable…está pasando una factura humana gravísima y, en muchos casos, irreparable a toda la población, pero especialmente a los enfermos crónicos, a los adultos mayores y a los presos”, Yaxys Cires.

Madrid, 5 de agosto de 2026

En julio se produjeron en Cuba al menos 356 acciones represivas, de las cuales 54 fueron algún tipo de detención y 302, otros abusos del régimen, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El sitio policial de viviendas de activistas (109 casos), los abusos contra presos políticos y comunes (78), interrupción de las comunicaciones, hostigamientos, amenazas y citaciones policiales fueron otras violaciones fundamentales registradas en julio.

La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey fueron las provincias con mayor número de acciones represivas en el mes del quinto aniversario de las históricas protestas del 11J.

Durante el mes de julio se documentaron al menos 54 detenciones arbitrarias en Cuba, en un contexto marcado por el incremento de la represión contra activistas, opositores, periodistas independientes, artistas, líderes religiosos y ciudadanos que participaron en protestas pacíficas o expresaron críticas al régimen.

Una parte importante de los arrestos estuvo vinculada a cacerolazos y manifestaciones provocadas por los prolongados apagones, la escasez de agua y el deterioro de las condiciones de vida, mientras que otra respondió a operativos preventivos para impedir la asistencia de miembros de la sociedad civil a la recepción por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, en la residencia del jefe de misión estadounidense en La Habana.

También se observó un marcado recrudecimiento de los abusos contra presos políticos, caracterizado por el uso sistemático de celdas de castigo, aislamiento, traslados arbitrarios, negación de atención médica, suspensión de beneficios penitenciarios, agresiones físicas, hostigamiento psicológico y represalias contra quienes denuncian las condiciones de reclusión.

Entre las actuaciones crueles y degradantes contra presos políticos destacamos los abusos contra Lizandra Góngora Espinosa, José Antonio Pompa López, Juan Enrique Pérez Sánchez, Manuel de Jesús Rodríguez García, Leonard Richard González Alfonso y Roilán Álvarez Rensoler.

Las denuncias también reflejan graves deficiencias en el acceso al agua potable, alimentos, medicamentos e higiene, así como la utilización de huelgas de hambre por parte de numerosos presos como último recurso para reclamar sus derechos.

También se documentó un amplio despliegue de sitios a viviendas, vigilancia policial y restricciones arbitrarias de movimiento contra activistas, opositores, periodistas independientes, líderes religiosos, defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos.

Entre los casos más relevantes destacan los operativos contra Henry Constantin Ferreiro, Adela González Hernández, Jorge Olivera, Óscar Elías Biscet y Elsa Morejón, Alejandro García Arias, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, María Cristina Labrada, Berta Soler y Ángel Moya, así como Dagoberto Valdés Hernández y Yoandy Izquierdo. También fueron objeto de vigilancia o cerco domiciliario Manuel Cuesta Morúa, María Mercedes Benítez, Adel Bonne Gamboa, Valdimir Turró Páez, Alberto Méndez Castelló, Yunia Figueredo Cruz, Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Luis Aguilar, Layda Yirkis Jacinto Abad y Liset Fonseca Rosales, madres de presos políticos del 11J, además de la Dama de Blanco Yaima Elena Pérez López, el periodista Ángel Santiesteban-Prats, Boris González Arenas, a quien también le suspendieron el acceso a internet, y el líder campesino Juan Carlos Hernández Saldívar, cuya finca permaneció bajo un estricto cerco policial, el 24 de julio.

Estos operativos, ejecutados principalmente por agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria, buscaron impedir la participación en actividades públicas, conmemoraciones del quinto aniversario del 11J y otros eventos considerados sensibles por las autoridades.

Más allá de la estrategia represiva contra la oposición y el periodismo independiente, el régimen aumentó significativamente la presencia policial y de tropas especiales en las calles de las capitales provinciales, principalmente en La Habana.

Como parte del recrudecimiento de la vigilancia y control sobre líderes religiosos, el 10 de julio, el régimen impidió la salida del país del sacerdote católico Castor Álvarez Davesa, quién se disponía a viajar a Estados Unidos para participar en una ordenación episcopal de un religioso de origen cubanoamericano.

“El clima social es irrespirable: por un lado, los apagones, el hambre y la falta de medicinas; por otro, la excesiva presencia policial para reprimir y controlar. Esta situación está pasando una factura humana gravísima y, en muchos casos, irreparable a toda la población, pero especialmente a los enfermos crónicos, a los adultos mayores y a los presos“, dijo Yaxys Cires, director de estrategia del OCD