La Coalición Provida y Familia exige cuentas frente a clínica de abortos y cuestiona la justificación médica de miles de procedimientos

Integrantes de la Coalición Provida y Familia se manifestaron este miércoles frente a las instalaciones de un centro de planificación familiar para alzarse en defensa del derecho a la vida de los no nacidos y exigir mayor rigurosidad y transparencia en los diagnósticos que se utilizan para justificar los abortos en Puerto Rico.

Durante la manifestación, la agrupación pro-vida advirtió sobre el uso indiscriminado de la narrativa sobre la “salud emocional o mental” de la gestante para justificar la práctica sistemática del aborto sin restricciones. La organización cuestionó la idoneidad de los médicos que realizan estas intervenciones para emitir diagnósticos psiquiátricos o emocionales en cuestión de minutos y sin el debido seguimiento médico especializado.

Los activistas provida citaron datos oficiales del Departamento de Salud correspondientes al año 2024, los cuales registraron un total de 5,706 abortos en la isla. La coalición señaló que esta alarmante cifra desmiente la narrativa de que los procedimientos se realizan únicamente ante excepciones de verdadera emergencia para salvar la vida de la madre, tal como lo contemplan los artículos 98 y 99 del Código Penal. Argumentaron que, de tratarse de verdaderas emergencias de salud, estas mujeres habrían sido atendidas en salas de urgencia hospitalarias y no en clínicas privadas de aborto.

Frente a esta situación, los defensores de la familia plantearon interrogantes fundamentales: ¿cómo se evalúa realmente a estas mujeres?, ¿se les remite a una evaluación psiquiátrica previa antes de tomar una decisión irreversible?, y ¿qué garantías existen de que el aborto haya resuelto alguna condición de salud?

La Coalición enfatizó que, si de verdad existieran cerca de 6,000 casos al año de mujeres incapacitadas emocionalmente para llevar un embarazo a término, el país estaría enfrentando una severa crisis de salud mental que requeriría una intervención de urgencia y la declaración de un estado de emergencia por parte del Gobierno, en lugar de recurrir al aborto como una solución apresurada que no atiende la causa de fondo ni protege la vida del no nacido.