La inteligencia artificial como arma militar china

Por: René Bolio

En Ulanqab, una pequeña población en la desolada región norte de China, el paisaje ha cambiado de forma irreversible. Donde antes pastaban ovejas y se cultivaban patatas, hoy se levantan turbinas eólicas junto a edificios de centros de datos. Lo que durante décadas fue una región de ganadería básica y algo de minas de carbón se ha transformado, en apenas unos años, en uno de los mayores hubs de cómputo de inteligencia artificial del planeta. Es una decisión política deliberada del Partido Comunista Chino (PCCh): convertir viento, sol, frío y terreno barato en poder de cálculo para la IA, bajo control absoluto del régimen.

Esta infraestructura funciona como el eslabón físico de una estrategia más amplia: combina fusión militar-civil, control político de la innovación y, desde octubre de 2026, un marco legal que permite movilizar todos los recursos civiles en caso de conflicto. El resultado es una IA potente, barata y subordinada a los intereses del PCCh.

 

Las empresas chinas a cargo —Envision, DeepSeek, Alibaba, ByteDance, Huawei y otras— han invertido de forma masiva. Por primera vez, las propias empresas de IA, controladas por el régimen chino, construyen infraestructura propia en lugar de limitarse a alquilar capacidad en la nube.

Esta infraestructura no existe en un vacío civil. China opera bajo la doctrina de fusión militar-civil (Military-Civil Fusion), que pone cualquier avance tecnológico civil a disposición, por diseño, del Ejército Popular de Liberación. Modelos como los de DeepSeek ya aparecen vinculados a sistemas de apoyo a la decisión, vehículos autónomos, reconocimiento, enjambres de drones y operaciones cognitivas del ejército chino.

Hace unos días, el ministro de Seguridad del Estado, encargado de la represión, Chen Yixin, advirtió públicamente que la IA puede amenazar el poder del Partido y exigió un control más estricto sobre ella. La tecnología se enmarca ahora como campo de batalla contra “fuerzas hostiles” y como instrumento de estabilidad interna.

Entrará en vigor Ley de Movilización de la Defensa Nacional, que define la movilización como el conjunto de medidas que permiten convertir la fuerza económica y social del país en capacidad de defensa (o ataque) cuando se vean amenazados la soberanía, la unidad territorial, la seguridad o los “intereses de desarrollo”.

Así pues, en un escenario de conflicto, el EPL tendría acceso inmediato e irrestricto a recursos físicos y humanos civiles. La ley es el marco que permite que los gigavatios de Mongolia Interior, los chips de Huawei y los modelos de DeepSeek pasen de servir a aplicaciones comerciales a sostener operaciones militares sin fricciones institucionales.

La IA de frontera requiere experimentación abierta, talento libre, datos diversos y capacidad de crítica. China ofrece capital masivo, energía barata y velocidad de despliegue. A cambio exige lealtad ideológica, censura y subordinación al Partido. No se tolera un centro de poder tecnológico independiente.

El resultado es una IA eficiente y competitiva en coste, pero diseñada para no cuestionar los fundamentos del régimen. Mientras tanto, Occidente debate alineación con valores humanos.

En 2026, líderes de AI occidentales han pedido “pacing” o ralentización voluntaria por riesgos de seguridad. China responde con rechazo frontal: ve esas llamadas como alarmismo o como intento de congelar la ventaja estadounidense. Para el PCCh, en una carrera de poder nacional, quien descanse pierde. La IA es el “campo principal de la competencia tecnológica global”.

Esto no es solo una carrera tecnológica. Es la aspiración de Xi Jinping de ser la máxima potencia mundial. El resto del mundo debería tomarse en serio las implicaciones: no solo la superioridad militar potencial, sino también la exportación de un modelo de IA “alineada con el totalitarismo” y la posibilidad de que los estándares globales de gobernanza queden definidos por quien tenga más capacidad de cómputo y menos restricciones democráticas.

Sobre el autor:

René Bolio es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.